Historia General del Pueblo Dominicano Tomo I

Aparatos administrativos e institucionales 516 Los ingentes impuestos y trabas que cargaban a esos criollos los impulsa- ron al contrabando, la evasión fiscal y a violar las estrictas disposiciones que caracterizaron el monopolio que España estableció para sus posesiones en las Indias. En la copiosa documentación que se tiene, se descubren los intereses en- contrados, las corrupciones, abusos de poder, conflictos de jurisdicción y de- más problemas que surgieron en la primera mitad del siglo xvi en la Española. En sentido general, la administración local estuvo organizada con el go- bernador a la cabeza y los funcionarios civiles y militares subordinados a él. El representante directo del monarca en la Española era «Mi gobernador y ca- pitán general de la Isla Española y presidente de la mi Real Audiencia della», que fue su título oficial. Duraba en sus funciones a discreción del monarca. Los hubo eclesiásticos, como Sebastián Ramírez de Fuenleal en 1528; militares como Nicolás de Velazco Altamirano en 1644; abogados, como el Lic. Cabezas y Meneses en 1582, nobles, como el Conde de Peñalba en 1655, Guillermo Morfi en 1707 y el Marqués de la Gándara Real en 1740. Pero la mayoría provenía de la pequeña nobleza o de la burocracia de la Corona española, como los casos de Cristóbal de Ovalle en 1583, Lope de Vega Portocarrero en 1587, Diego de Osorio en 1596, Antonio de Osorio en 1603 y Juan Vitrán de Biamonte en 1663. 8 El gobernador era, además, vice real patrono lo que, como se vio, hacía de su persona el representante del monarca en todo lo relativo a la Iglesia. Era el jefe de la milicia local como capitán general, dirigiendo, por tanto, todo lo relativo a la defensa de la isla contra los ataques de extranjeros. Era, además, superintendente de la Real Hacienda, y en virtud de ello controlaba todo lo relativo a la percepción de impuestos, pago de salarios y gastos y el envío a la Península de la parte que correspondía a la Corona. Era presidente de la Real Audiencia, representando al Rey, en quien recaía en última instan- cia la justicia. En esta última materia, si el gobernador era abogado, actuaba como juez presidente de la Audiencia. Si no lo era, sus funciones en ella eran administrativas. Muchos de esos gobernadores tuvieron que enfrentar las grandes crisis en la Española, como lo fueron los casos de Cristóbal de Ovalle con la ocu- pación de la ciudad de Santo Domingo por el corsario Francis Drake en 1586, Antonio Osorio con las Devastaciones de 1605 a 1606 y el Conde de Peñalba con la invasión inglesa de Penn y Venables en 1655. En los juicios de residencia contra esos gobernadores salen a relucir los desafueros, abusos, atropellos, crímenes y enriquecimientos ilícitos que cometieron o toleraron durante sus mandatos. En algunos casos fueron